La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal, logró realizar la extracción forense del celular de Diego Spagnuolo el ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La información fue entregada al fiscal federal, Franco Picardi, que tiene a cargo la investigación por las presuntas coimas.

El principal objetivo de esta primera etapa de la investigación era dar con los teléfonos y dispositivos digitales de Spagnuolo y los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. No fue una tarea sencilla, al menos en el caso de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina involucrada en el caso.

Cuando fueron a buscar a Jonathan a su casa se había escapado y recién entregó este lunes su teléfono celular en la Justicia. Lo dejó apagado y sin la contraseña.

El primer paso era poder abrir los teléfonos y lograr recuperar la información de los mismos. La DATIP intervino por orden del fiscal Picardi y comenzó su tarea con el dispositivo de Diego Spagnuolo. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que se logró realizar la extracción forense del mismo.

Bajo su titularidad había dos dispositivos, un Iphone 16 Pro y otro teléfono que estaba roto.

La justicia avanza con la pericia tecnológica sobre los otros dispositivos: el que pertence a Daniel Garbellini (exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS). Fue el único que entregó la clave de acceso.

En el caso de Emmanuel Kovalivker -accionista de la droguería Suizo Argentina- la justicia le secuestró una celular Samsung sin haber proporcionado la contraseña del mismo. En iguales circunstancias se encuentra el dispositivo entregado por su hermano, Jonathan.

Nuevos audios de Diego Spagnuolo donde apunta contra Sandra Pettovello: "Me dejó expuesto con Karina y con Lule"

La Justicia buscó durante los operativos los celulares y sobre todo el de Diego Spagnuolo responsable de las conversaciones que tomaron estado público y dieron inicio a la causa.

Cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró dar con el paradero del ex funcionario y amigo del presidente Javier Milei, contaba con dos celulares. Los mismos fueron entregados sin la respectiva contraseña.

La Justicia tiene que probar si reviste veracidad -o no-, lo planteado por Spagnuolo en los audios difundidos mediáticamente. En aquella grabación habla del presunto pago de coimas efectuado por diversos laboratorios y/o droguerías a la firma Suizo Argentina. Un porcentaje, cercano al 3% segpun Spagnuolo, iba a funcionarios como Lule Menem y Karina Milei.

Los celulares constituyen, en consecuencia, una prueba determinante: ¿Puede haber en su interior información que corrobore los dichos de Spagnuolo? ¿Puede haber mensajes con Karina Milei que afirmen algún posible circuito de sobornos?

Todo continúa entre signos de interrogación ya que la copia forense será analizada por la fiscalía que tiene a su cargo la investigación. Hay tareas, señalaron fuentes judiciales a Clarín, en trámite sobre los demás dispositivos celulares.

La sospecha inicial

La denuncia formulada por el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón y que dio origen a la causa penal que inquieta a la Casa Rosada, ingresó a Comodoro Py 24 horas después de que los audios tomaran estado público. Esa denuncia punta contra Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.

La sospecha es que todos "habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en losdelitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican".

El juez Casanello, al día siguiente de la denuncia, ordenó los allanamientos de manera sorpresiva y veloz.

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Para el fiscal Franco Picardi “existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”.

Para la fiscalía, esa presunta estructura de corrupción podría involucrar a dependencias de la Administración Pública Nacional, en este caso la Agencia Nacional de Discapacidad, pero también al sector privado (droguería Suizo Argentina).

En otras palabras, el objeto procesal de la investigación se concentra -por ahora- en poder dilucidar si existieron pagos indebidos que vinculen al organismo público con la droguería que a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANADIS.