El caso ya suma al menos 13 denuncias policiales y derivó en la intervención de la Escuela de Frontera N° 617, con el apartamiento preventivo de la directora y cinco docentes. Los padres aseguran que hubo advertencias previas y reclaman que la Justicia secuestre más pruebas y detenga al educador acusado. 

La localidad de El Soberbio sigue conmocionada tras conocerse denuncias contra un docente de la Escuela de Frontera N° 617, acusado de fotografiar a sus alumnos de séptimo grado, pidiéndoles diversas poses y siempre de manera individual, en un aula de la escuela. La investigación judicial acumula al menos 13 denuncias formales, mientras que el Consejo General de Educación (CGE) dispuso la intervención del establecimiento y el apartamiento de la directora, cinco docentes y personal administrativo.

Los padres exigen respuestas más firmes de las autoridades educativas y judiciales. Entre ellos, Aldo Pérez, ex alumno de la institución y padre de una de las niñas, relató en detalle cómo comenzaron las denuncias, qué respuesta recibieron y cuáles son las dudas que mantienen en alerta a toda la comunidad escolar.

“Fue una vez más”: el inicio de las denuncias

“Todo comenzó el pasado viernes, cuando una madre vino desesperada a contarnos que su hija había llegado llorando a su casa y le dijo que había pasado ‘una vez más’. Nosotros no entendíamos qué quería decir hasta que explicó que el maestro la había llevado sola al aula, cerró las cortinas y la puerta, e intentó tomarle nuevamente fotografías”, contó Pérez.

Los padres aseguran que, con el paso de los días, entendieron que los hechos no eran aislados. “Los chicos venían padeciendo esto desde hacía meses, incluso años atrás. Recién cuando escuchamos el relato completo comprendimos la gravedad de la situación”, añadió.

Advertencias que no fueron escuchadas

Según el testimonio, ya en junio se había advertido a las autoridades escolares. “El 13 de junio esta madre se acercó a la maestra de séptimo grado y le contó lo que estaba ocurriendo. Ella habló con la directora, que también se enteró ese día. Sin embargo, siguieron las clases como si nada. Cuando los padres pedimos explicaciones, vimos un cruce de reproches entre docentes, pero nadie actuó”, remarcó.

Pérez cuestionó duramente la actitud del supervisor escolar. “Yo mismo lo llamé para que viniera a hablar con los padres y me clavó el visto. No respondió. Al día siguiente, cuando la presidenta del CGE tomó cartas en el asunto, recién ahí se vio alguna acción. Para nosotros, el supervisor también debe ser apartado, porque no cumplió con su rol en el momento más crítico”, sostuvo.

Un docente querido que manipulaba a los niños

Los testimonios coinciden en que el maestro denunciado gozaba de gran simpatía entre los alumnos. “Era el más querido de la escuela. Siempre estaba rodeado de chicos en el recreo, llevaba comida, compartía mate, daba regalos, ofrecía mejores notas a quienes aceptaban sus condiciones. Todo eso lo usaba como herramienta de manipulación”, explicó Pérez.

El padre detalló lo que el acusado llamaba “el reto de los pies”. “Separaba a una nena del grupo, la sacaba incluso de otras clases, la llevaba a un aula vacía, cerraba las cortinas y comenzaba a darle instrucciones: ponerse boca abajo, levantar las piernas, abrir más la boca, poner los ojos en blanco. Mientras tanto sacaba 20 o 30 fotos, y los niños cuentan que se excitaba mientras lo hacía”, sostuvo.

La denuncia policial y el rol de la Comisaría de la Mujer

Tras el relato de la madre, los padres acudieron de inmediato a la Policía. “Ese mismo viernes, a las 16.30 ya estábamos en la Comisaría de la Mujer de El Soberbio. Quiero resaltar la atención que recibimos, fue lo más contundente y acorde a lo que esperábamos como padres. Hubo agentes que arriesgaron su pellejo para darnos una mano”, expresó.

Desde entonces, comenzaron a acumularse las denuncias. Hoy son al menos 13 las familias que se presentaron formalmente, aunque se cree que podrían surgir más testimonios en las próximas semanas.

La investigación judicial y los reclamos por pruebas

Uno de los puntos de mayor preocupación es la investigación judicial en curso. Según los padres, el docente entregó voluntariamente un teléfono cuando fue citado, pero no sería el dispositivo que contenía el material. “Los chicos dicen que él usaba un iPhone de última generación para sacar las fotos. En ese aparato vieron imágenes de ellos mismos y de sus compañeros. La Justicia tiene que allanar y secuestrar todos los dispositivos. No puede quedarse con un celular viejo que el acusado entregó voluntariamente”, advirtió Pérez.

Además, señaló que los niños relataron cómo el docente guardaba las fotos en lugares ocultos y que incluso podrían haber circulado en sitios de pedofilia en internet. “Queremos que la Justicia muestre a la sociedad cómo esta gente hace dinero con las fotos. No estamos hablando solo de un juego, estamos hablando de un delito gravísimo”, insistió.

Falta de contención y cambios de escuela

El impacto en los estudiantes es evidente. Algunas familias decidieron cambiar de institución a sus hijos, pese a que faltan apenas tres meses para el egreso de séptimo grado. “Nuestros niños están tristes, muchos no quieren volver a la escuela. Incluso algunos lloran porque no quieren perjudicar a su maestro. Imagínense el nivel de manipulación que ejercía sobre ellos”, describió Pérez.

Sobre la asistencia psicológica, cuestionó la falta de un abordaje institucional. “Hasta ahora no se articuló un dispositivo de apoyo concreto. Recibimos ayuda aislada de profesionales del hospital, pero no hay un gabinete ni un plan de acompañamiento”, lamentó.

Dificultades para acceder a representación legal

Otro de los problemas es el acceso a la Justicia. “El acusado contrató un estudio de abogados caro, y muchos padres apenas pueden pagar la luz. A nosotros nos piden 500 mil o hasta 2 millones de pesos para iniciar una querella. Cada familia se está arreglando como puede, pero sabemos que cuanto más querellantes seamos, más rápido va a avanzar la causa”, explicó.

En paralelo, surgieron iniciativas solidarias de profesionales que buscan acompañar a las familias, aunque todavía no hay un patrocinio legal unificado.

Reclamos finales y exigencias a la Justicia

El malestar de los padres se concentra ahora en el accionar judicial. “El juez subrogante Belda Palomar no entendió la gravedad del caso. Desde el viernes le pedimos un allanamiento para secuestrar los dispositivos, porque un pedófilo jamás va a entregar voluntariamente las pruebas. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando que la Justicia actúe con la urgencia que corresponde”, expresó Pérez.

Finalmente, el padre remarcó que no se trata solo de un reclamo individual. “Estamos peleando no solo por nuestros hijos, sino por cualquier chico que pueda pasar por lo mismo. Queremos que la sociedad entienda que esto no es un juego ni una actividad escolar. Es un delito, y tiene que tener consecuencias”, concluyó.