Blanca Álvez y Elisa Goring, podrían haber incurrido en fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, según la denuncia formulada por Micaela Gacek.

Blanca Álvez junto a Cacho Bárbaro, líder del Pays.

 

La sospecha de cobro ilícito de pensiones por discapacidad de dos diputadas, una en ejercicio y otra a punto de asumir, llevó a la abogada Micaela Gacek, a presentar una denuncia penal en el Juzgado Federal de Oberá contra las legisladoras del Partido Agrario y Social (Pays), Blanca Álvez y Elisa Goring, por el cobro irregular de pensiones no contributivas por discapacidad. 

Según informó la oficina de prensa de Gacek, la presentación, realizada con el patrocinio letrado del abogado Sergio Ramírez, fue caratulada como “fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito”.

La decisión de acudir a la justicia se tomó tras un proceso en el que, según explicó la denunciante, se actuó con responsabilidad institucional. 

Mediante un comunicado detalla que tal situación “venía siendo de público conocimiento, y se aguardó un tiempo prudencial para que las personas implicadas ofrecieran explicaciones claras y documentadas. Sin embargo, las declaraciones brindadas no solo resultaron incongruentes, sino que fueron acompañadas por un silencio abrumador del sector político que debería haber intervenido para esclarecer los hechos”.

Por la vía judicial

Desde ese contexto, según detallaron, “se entiende que esta era una cuestión que primero debía haberse resuelto en el ámbito de la política, pero al no haber respuestas ni voluntad de actuar, se avanzó en la vía judicial”. 

Gacek remarca que “la denuncia no tiene motivaciones personales ni es un ataque hacia las personas involucradas, sino que responde a la necesidad de hacer valer los principios de legalidad y equidad en el acceso a los recursos públicos”.

Los hechos

Dan cuenta que “uno de los hechos más relevantes denunciados es el caso de Elisa Goring, quien habría percibido una pensión por discapacidad hasta poco antes de asumir como diputada, renunciando al beneficio justo cuando se acercaba el momento de asumir la banca. La diputada Blanca Álvez también aparece como beneficiaria, al igual que la hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos Goring. Estas coincidencias temporales y vínculos familiares refuerzan la sospecha de un patrón irregular en la asignación de pensiones”, informan sobre la renuncia realiza.

 

Posible uso político

Otro dato aportado en la denuncia es “un posible esquema de uso político de beneficios sociales, articulado desde el Partido Agrario y Social, espacio conducido por Héctor “Cacho” Bárbaro”. Según se señala en la presentación, “estos recursos -diseñados para asistir a personas en situación de discapacidad y sin medios de vida- habrían sido utilizados como herramienta de fidelización política, a través de un sistema de reparto discrecional vinculado al aparato partidario”, contiene el informe distribuido tras la presentación.

Además de la denuncia penal, Gacek pidió al Concejo Deliberante de Colonia Aurora que exija explicaciones al intendente Goring sobre el acceso a las pensiones por parte de su entorno familiar. También solicitó a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública el listado de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez en Misiones, con el objetivo de detectar posibles irregularidades o intermediaciones políticas.

“Las pensiones por discapacidad son una herramienta de protección social clave, dirigida a personas en situación de extrema vulnerabilidad, y están reguladas por normas estrictas. La presunta utilización de estos beneficios por parte de figuras públicas o sus allegados, en condiciones que no se ajustan a lo que establece la ley, no solo afecta la transparencia institucional, sino que daña profundamente a quienes realmente necesitan esa ayuda”.

Pensiones por discapacidad | Micaela Gacek denunció ante la Justicia a las diputadas del PAyS Blanca Alvez y Elisa Goring por fraude al Estado y enriquecimiento ilícito

Redacción

25 de September de 2025, 17:27

Micaela Gacek.

Dos legisladoras provinciales del Partido Agrario y Social (PAyS) fueron denunciadas penalmente en la Justicia Federal por la abogada y candidata a diputada Micaela Gacek, acusadas de fraude al Estado y enriquecimiento ilícito. La presentación sostiene que habrían cobrado de forma irregular pensiones por discapacidad.

La abogada y candidata a diputada nacional Micaela Gacek presentó en las últimas horas una denuncia penal en el Juzgado Federal de Oberá contra las legisladoras provinciales de Misiones del Partido Agrario y Social (PAyS) Blanca Ester Alvez y Elisa Elvani Goring, por el presunto cobro indebido de pensiones por discapacidad, configurando los delitos de fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito.

Las presentaciones judiciales, patrocinadas por el letrado Sergio Ramírez, solicitan el inicio de una investigación preliminar por la supuesta comisión de los delitos de Estafa (Art. 172 del Código Penal), Fraude en perjuicio de la Administración Pública (Art. 174, inciso 5°) y Enriquecimiento Ilícito (Art. 401).

Según una de las denuncias judiciales de Gacek, Elisa Goring, con domicilio en Colonia Delicia, “habría percibido una pensión por discapacidad, siendo la sra. Goring además, esposa del actual intendente municipal», Carlos Goring.

En tanto, la denuncia contra Blanca Alvez, domiciliada en San Vicente, indica que “percibió una Pensión No Contributiva desde el año 2011, renunciando, a prima facie, en el año 2021”.

“Las respuestas que dieron fueron incongruentes”

Por otra parte, a través de una publicación en la red social X, Gacek expuso sus motivaciones para la confirmó la acción legal. “La situación es pública. Esperamos un tiempo prudencial para que dieran explicaciones. Pero sus respuestas fueron incongruentes y el silencio del sector político fue total”, afirmó.

En este sentido, consideró que “la política debía haber resuelto este tema, pero eligió mirar para otro lado. Cuando eso ocurre, debe intervenir la justicia”.

A su vez, quiso desmarcar la denuncia de cualquier interés personal o partidario, enfocándose en la naturaleza de los fondos presuntamente malversados. “Esta denuncia no es un ataque personal. No es por género ni por cargos. Es por el uso indebido de beneficios que están destinados a personas con discapacidad y sin recursos”, subrayó.

Finalmente, Gacek calificó la situación como una injusticia social. “La verdadera injusticia es que, mientras muchos luchan por acceder a estos derechos, otros los usan para sostener estructuras partidarias”, concluyó.

Se aguarda ahora que tras estas denuncias, la Justicia federal impulse las medidas correspondientes para esclarecer los hechos.

 

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