La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender de manera preventiva la entrega del 51% de las acciones de YPF, una medida que había sido ordenada por la jueza Loretta Preska en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera. Con esta decisión, ya no corre el plazo de 72 horas impuesto inicialmente y Argentina gana margen mientras se desarrolla la apelación.

YPF, el Estado argentino y los fondos demandantes —entre ellos Burford Capital y Eton Park— ya presentaron todos los escritos judiciales correspondientes. Ahora resta la designación del tribunal y la fijación de una audiencia oral, que podría celebrarse en los próximos meses.

La defensa argentina apela simultáneamente dos resoluciones: la sentencia que impone el pago de una indemnización de US$16.100 millones más intereses, y la orden de entrega de las acciones. Además, introdujo una nueva apelación puntual sobre el pedido de Preska, quien había cuestionado la estrategia de dilación de la Argentina.

En su último escrito, la jueza remarcó: “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”. Agregó que el supuesto daño que ahora alega el Estado argentino deriva de “sus propias acciones al retrasar e intentar eludir sus obligaciones”.

Burford tiene plazo hasta este jueves para presentar su oposición a la suspensión definitiva. La Argentina responderá el martes con su argumento a favor del freno a la orden. A partir de entonces, la Cámara podrá resolver el pedido en cualquier momento, sin un plazo específico. Si acepta el reclamo argentino, la orden de entrega quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación de fondo, algo que no ocurriría antes de 2026. Si lo rechaza, la entrega de acciones volvería a estar vigente.

Desde la Procuración del Tesoro señalaron que no hay incumplimiento por parte del Estado argentino, ya que Preska otorgó expresamente tres días adicionales para apelar. Además, el Gobierno no descarta llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos si las instancias anteriores resultan desfavorables.

El viceprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, aseguró que están cubriendo todos los escenarios posibles y destacó que la suspensión, al menos en términos administrativos, ya está vigente gracias al acuerdo de las partes. “Solicitamos que la Cámara mantenga esa suspensión durante todo el trámite de la apelación”, explicó en diálogo con El Observador.