Pablo Daviña, integrante de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), destacó la importancia de políticas nacionales más amplias que fomenten la construcción y la oferta. Aunque la flexibilización de las leyes proporcionó ciertos beneficios, señaló que es necesario buscar un equilibrio entre propietarios e inquilinos en un contexto económico desafiante para los alquileres en Argentina.

Daviña manifestó que las normativas implementadas en 2020 y posteriormente modificadas no lograron satisfacer las necesidades del mercado. “Estamos en un proceso de transición ya que la normativa implementada en el 2020 y después una modificación con tinte electoral que se hizo el año pasado, no han sido receptoras de la necesidad del mercado. Cuando digo el mercado, estoy haciendo mención de la oferta y de la demanda, de las dos”, aclaró. 

En esta misma línea, sostuvo que la falta de crédito hipotecario durante un extenso período, junto con las altas tasas de inflación, dificultó la posibilidad de obtener préstamos a corto plazo. “Gran parte de toda la demanda de vivienda recae básicamente en el mercado locativo. Con lo cual, hubo un incremento de la demanda en todo el país, porque la única alternativa que te quedaba era alquilar. O en su defecto, si tenías la posibilidad de tener algún ahorro, construir en algún terreno si tenías, o en parte de un terreno, algún familiar”, comentó, señalando que este fenómeno refleja la disminución del poder adquisitivo de la población.

También afirmó que Argentina enfrenta una situación económica y salarial complicada, marcada por la falta de crédito. La dependencia del mercado de alquiler se intensifica, y las normativas previas, aunque inicialmente beneficiosas para los inquilinos al mantener precios fijos durante un año, resultaron perjudiciales a largo plazo debido a la inflación. “Las dos normativas que rigieron fueron pseudo beneficiosas para el que alquilaba, porque te mantenía en un principio un precio fijo durante un año pero con estos niveles de inflación, al cabo del séptimo, octavo y noveno mes, se convertían en valores irrisorios”, dijo. 

Por otra parte, agregó que, bajo la anterior legislación, los contratos a tres años generaron problemas, especialmente para estudiantes. Sin embargo, con el nuevo sistema, subrayó la flexibilidad en la duración de los contratos, adaptándose a las necesidades de los inquilinos, especialmente aquellos que vienen a estudiar a la provincia de Misiones.

“Cuando el DNU entró en vigencia el 29 de diciembre, hubo un gran cambio que fue poder pactar el plazo determinado. Y esto ha sido y es beneficioso para nuestra plaza inmobiliaria, en la provincia de Misiones, fundamentalmente, para los chicos que vienen a estudiar. Hoy lo que te permite la legislación, entre grandes cambios, es hacer un contrato por un año o por ocho meses o nueve meses. Esto da libertad”, aseguró.  El DNU vigente ha permitido ajustar plazos y condiciones, brindando mayor libertad a propietarios e inquilinos. Sin embargo, destacó la necesidad de una política que incentive la construcción y la oferta, especialmente en un contexto económico delicado.

A pesar de las mejoras, resaltó que las leyes anteriores generaron problemas, ya que, al mantener un precio fijo durante un año, algunos propietarios optaron por retirar sus propiedades del mercado de alquiler, afectando la oferta. “Lo que pasa es que el concepto que tiene la inmobiliaria en la República Argentina es que los dos son tus clientes. El propietario y el inquilino. No podes perjudicar a ni uno de los dos. Pero aun así, la normativa anterior en realidad perjudicaba a ambas partes”, señaló Daviña. 

Por otro lado, el DNU también introdujo cambios en la rescisión anticipada de contratos, simplificando el proceso y estableciendo un porcentaje del saldo a pagar. “Hoy por hoy lo que determina es poder rescindir. En aquel momento pagas el 10% del saldo que te falta, entre tu plazo de vencimiento y de comunicación”, agregó. Además, se flexibilizaron los índices de ajuste y la periodicidad de los mismos, permitiendo acuerdos entre las partes.

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También abordó la necesidad de políticas que impulsen la construcción, como créditos hipotecarios y beneficios impositivos. “Es una temática compleja, más en un contexto en el cual estamos transitando con una inflación muy alta y con un aumento de la pobreza. Tiene que ser un incentivo para la construcción porque debe haber necesariamente algún indicio de algún crédito hipotecario porque aquella persona que quizás disponga de un terreno que pudo comprarse o que le donaron sus padres tiene que tener la posibilidad de financiarse el 70, 75% de una obra con un crédito o una casa subsidiada a un determinado plazo”, afirmó. 

En conclusión,  la flexibilización de las leyes de alquileres ha traído ciertos beneficios, pero Daviña destacó la importancia de políticas integrales que impulsen la construcción y la oferta, generando un equilibrio entre propietarios e inquilinos. “Hoy la comparación de la locación para nuestro mercado está en los niveles más bajos de la rentabilidad. Si uno compara la rentabilidad que da un inmueble en la región de Paraguay, Brasil o Uruguay, la rentabilidad está mucho más alta. También eso conspira con el mercado inmobiliario y, como vos decías, con lo que tracciona el mercado constructivo para la industria inmobiliaria. Cuando se para la construcción porque no es rentable, también es un problema para la economía. Así que estamos en momentos complejos”, concluyó.

 

 

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