COMUNICADO INSTITUCIONAL:

“Ante los hechos que han tomado público conocimiento, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones expresa su profunda preocupación frente a los presuntos hechos de violencia, amenazas y hostigamiento entre adolescentes en la ciudad de Posadas.

Previo a cualquier análisis, como Organismo de Control reafirmamos que ninguna manifestación de violencia puede ser naturalizada ni justificada dentro y fuera de una comunidad educativa. Hemos tomado conocimiento de actuaciones institucionales y de la intervención de las autoridades competentes, y, por tanto, nos corresponde ahora supervisar su alcance y efectividad, requiriendo información documentada y verificando que las medidas dispuestas garanticen la protección de las estudiantes y la continuidad de las trayectorias escolares de los alumnos involucrados.

Toda intervención debe respetar simultáneamente los derechos de las personas afectadas, el derecho de defensa de quienes sean señalados como responsables y la confidencialidad que exige la protección de las personas menores de edad. El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, reafirma la importancia de la responsabilidad de los adolescentes por sus actos, dentro del marco de garantías y competencias judiciales correspondientes.

Las instituciones educativas, por su parte, tienen obligaciones propias de prevención, acompañamiento, intervención pedagógica y comunicación con las familias y las autoridades de protección.

El SPEPM por su parte, considera indispensable fortalecer el compromiso de los representantes legales, directivos, docentes y responsables parentales en la prevención y erradicación de la violencia.

La escuela debe ser un espacio donde niños, niñas y adolescentes puedan aprender sin miedo, donde las situaciones de violencia reciban respuestas concretas y donde la autoridad educativa se ejerza con responsabilidad y justicia.

Proteger a los alumnos afectados, recabar información, determinar responsabilidades y educar para la convivencia son deberes que la Institución Educativa y la familia deben cumplir conjuntamente.

Consideración final pedagógica:

El verdadero sentido de la nueva legislación penal juvenil no puede reducirse a que los adolescentes sean castigados más tempranamente. Supone, además, reconocer que sus conductas tienen consecuencias, que existen derechos de otras personas que no pueden vulnerarse y que la responsabilidad debe enseñarse y exigirse progresivamente.

Por su parte, las Autoridades Educativas se fortalecen cuando actúan con firmeza, proporcionalidad, justicia y respecto por la verdad, fortaleciendo el dialogo, entre familia, escuela y Organismos competentes.

El resultado debe ser un precedente institucional positivo para todos los establecimientos: las conductas violentas tienen consecuencias; las familias son corresponsables de la trayectoria educativa y la conducta de sus hijos/as.

SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MISIONES”.

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