En el marco de una inédita conmoción política y económica provocada por el colapso del sistema bancario tras la caída de Ueno Bank, el Senado de la República del Paraguay aprobó la destitución del presidente Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones.

La Cámara alta resolvió rechazar la renuncia previamente presentada por el jefe de Estado y votó de manera mayoritaria a favor de su remoción del cargo, dejando al ahora exmandatario a disposición de la Justicia para afrontar las investigaciones penales correspondientes por las irregularidades financieras que perjudicaron a millones de ahorristas en todo el país.

El Congreso de Paraguay cerró este viernes un histórico juicio político de apenas dos días que culminó con la condena y destitución del presidente Santiago Peña. El Senado validó la remoción por 44 votos a favor tras juzgar al economista de 47 años por su implicancia en la quiebra de la entidad financiera ueno, el evento de inestabilidad bancaria más severo que enfrenta la nación guaraní en más de una década. El jefe de Estado decidió no presentarse en persona al recinto parlamentario para ejercer su defensa, pese al compromiso que asumió públicamente horas antes.

La salida del mandatario abrió paso a la asunción inmediata del vicepresidente Pedro Alliana, un dirigente conservador de 52 años que asumió la conducción del Poder Ejecutivo para completar el período presidencial correspondiente hasta 2028. Peña había presentado su dimisión epistolar el jueves luego de la quiebra del acompañamiento político de su propio espacio, el Partido Colorado, conducido por el expresidente Horacio Cartes.

Sin embargo, el cuerpo legislativo desestimó la nota de renuncia para avanzar con el proceso de remoción, garantizando así que Peña no acceda al beneficio constitucional de la banca de senador vitalicio y pierda todo fuero o inmunidad parlamentaria frente a los tribunales comunes.

En la previa del juzgamiento, el equipo de defensores del mandatario, encabezado por Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, interpuso un recurso para solicitar un plazo adicional de 72 horas argumentando falta de tiempo para analizar las 300 páginas del expediente acusatorio. Por 39 votos contra 3, la Cámara alta rechazó el planteo. Desde la defensa advirtieron que omitir la renuncia formal y consumar la destitución expondría a Paraguay a eventuales demandas internacionales, alegato que tampoco frenó la votación condenatoria por el desvío sistemático de recursos fiscales y previsionales hacia el banco colapsado.

Allegados y acusaciones en el juicio político

Los argumentos fiscales elevados desde la Cámara de Diputados al Senado incluyeron serios cargos por conflicto de intereses, alteración de la regulación financiera, desvío inapropiado de fondos de jubilaciones y complicidad institucional con las máximas autoridades del Banco Central de Paraguay. Durante su alocución, la diputada opositora Rocío Vallejo aseveró que el expresidente «lideró actuaciones que expusieron a ahorristas y pensionistas al desfalco más grande de este país», estimando los perjuicios en una cifra inicial de 1.200 millones de dólares y remarcando que el mandatario tenía conocimiento previo del colapso inminente de la entidad.

Ueno, firma propiedad del Grupo Vázquez, contenía cerca de 850 millones de dólares provenientes de depósitos de entes públicos, abarcando recursos clave del Instituto de Previsión Social (IPS), sumando cerca de tres millones de clientes antes de congelar sus operaciones el martes.

Su vertiginoso ascenso hasta colocarse como el quinto banco con mayor volumen de depósitos en Paraguay estuvo apalancado por inyecciones gubernamentales superiores a los 800 millones de dólares durante la gestión de Peña, quien además conservó participación accionaria en la controlante hasta el año pasado y promovió a exejecutivos del propio banco en el organismo regulador del sistema bancario.

 

Ruptura en el oficialismo y el frente judicial

El desencadenamiento de la crisis aceleró el quiebre de la estructura del partido oficialista. La intervención del Banco Central dispuesta el martes derivó en la renuncia en cascada del gabinete de Peña hacia la jornada del jueves, abarcando a su ministro del Interior, jefe de Gabinete y asesores directos. Analistas políticos locales e internacionales coincidieron en que el retiro del aval por parte del jefe partidario Horacio Cartes terminó por sellar el aislamiento del presidente destituido, quien careció de bases políticas propias para resistir el avance de la acusación.

Tras la destitución, la Fiscalía General abrió tres investigaciones penales de forma paralela dirigidas a esclarecer la derivación irregular de fondos públicos. Las causas alcanzan a Peña, Alliana, exaltos cargos de la banca central y responsables del sistema previsional. De igual forma, los fiscales libraron 27 imputaciones y ordenaron la prisión preventiva para seis directivos, incluyendo al accionista mayoritario de ueno, Miguel Vázquez, a quien le incautaron nueve vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves en el marco de múltiples allanamientos en Asunción y zonas periféricas.

El escándalo institucional precipitó además la renuncia del titular del Banco Central de Paraguay y la detención de ocho ejecutivos de la entidad bancaria, trasladados a un recinto penitenciario de la capital. En tanto, las autoridades financieras iniciaron un esquema gradual de devolución de activos dirigido a pequeños depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes (aproximadamente 1.600 dólares), buscando contener la incertidumbre social generada por la quiebra.

 

 

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