El gobierno nacional oficializó finalmente la extensión del congelamiento del precio de los alquileres y la suspensión de desalojos hasta el miércoles 31 de marzo.

La medida, dispuesta por el Decreto 66/2021 y publicada ayer en el Boletín Oficial, alcanza exclusivamente a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

Más allá de eso, el documento estableció también la prórroga del plazo de vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021. De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato.

Además, la norma amplía de 6 a 12 el número de cuotas que los inquilinos tienen para pagar deudas de locación y promueve una instancia de mediación para resolver los conflictos.

Cabe recordar que el gobierno había decidido en septiembre del año pasado poner en marcha una primera prórroga hasta el 31 de enero (o sea, hasta hoy) en el marco de la emergencia pública por la pandemia, por lo que ahora dicho beneficio se extendió, en principio, por otros dos meses.

Mitigar el impacto
Entre los fundamentos del decreto se considera que “la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia y velar por la salud pública, extremando simultáneamente los esfuerzos para coadyuvar a las problemáticas económicas y sociales”.

La emergencia sanitaria “con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de coronavirus, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país”.

“Muchos trabajadores y muchas trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y pequeñas y medianas empresarias han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica”, pondera.

El documento aclara además que “si bien se observa una leve recuperación de la actividad económica, la misma evidencia heterogeneidad sectorial y territorial, continuando el impacto negativo y no deseado de la pandemia sobre las familias y empresas”.

“La situación descripta puede llevar a que locatarios y locatarias incurran en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen, agravando la compleja situación que atraviesa un vasto sector de la población más vulnerable, a cuya protección se dirige la presente medida”, refiere.

En otro tramo el texto destaca que “el derecho a la vivienda se encuentra amparado por diversas normas contenidas en los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país” y que “la extensión temporal y la adecuación de las medidas oportunamente tomadas resultan razonables y proporcionadas con relación al interés público que se busca proteger y destinadas a paliar la situación social, la cual se ha visto sumamente afectada por la pandemia”.

“En suma, el objetivo de la presente decreto es mitigar los efectos de la pandemia respecto de la problemática de la vivienda existente en nuestro país. Las medidas adoptadas son razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente y destinadas a paliar una situación social afectada por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro de la situación social”, puntualiza.

 

Alivio para inquilinos

La continuidad del beneficio constituyó un reclamo por parte de decenas de asociaciones de inquilinos e inquilinas de todo el país que advirtieron sobre una compleja situación al momento de solicitar la extensión del beneficio.

Lo hicieron mediante una nota enviada al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, exponiendo que “el panorama actual señala que existen 1,5 millones de hogares con deudas, de las cuales el promedio es de 150 mil pesos, llegando a sectores que adeudaron más de $250 mil. A esto se suma que un 70% posee deudas en materia de servicios”.

Por otra parte, señalan que “la experiencia de estos meses, que ha demostrado que el decreto es beneficioso para millones de familias, también demostró que su plena y estricta implementación requiere de un órgano de aplicación, ya que nos consta que el acatamiento de esta norma ha sido parcial”.

Según datos de la Federación de Inquilinos, las familias destinan más del 50 por ciento de los ingresos para el pago de la renta. En la última encuesta realizada en diciembre del año pasado, un 40 por ciento declaró que no pudo pagar o lo hizo parcialmente y además, un 40,8 por ciento reconoció que tiene al menos un mes atrasado.

 

Voces de propietarios e inmobiliarias

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios sostuvo que la medida es una “decisión lapidaria para el sector, que es clave para el desarrollo de la economía del país a través de la construcción y la generación de puestos de trabajo”.

En un comunicado replicado por Infobae, la entidad advirtió sobre la prórroga que “el peor remedio es el parche sobre el parche”, al criticar la continuidad en el congelamiento de los precios de los contratos.

Dijo que la medida “transforma al sector en un intervencionismo que profundizará los graves problemas por los que atraviesa, poniendo en jaque puestos de trabajo y a pequeños inversores que ven amenazado su futuro en la Argentina desde hace meses”.

Por su parte, la Cámara de Propietarios de la República Argentina afirmó que la prórroga es “terrible, porque no solo están perjudicando a los mismos inquilinos, porque se les generará una bola de nieve de deudas, sino también porque espanta la inversión inmobiliaria destinada a alquilarse como viviendas”.

En un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Enrique Abatti, alertó que “la rentabilidad de los inmuebles está en los niveles más bajos de los últimos 40 años, ya que actualmente no supera el 2% anual en dólares del valor del inmueble”.

 

Las otras prórrogas por la pandemia

En el marco de la emergencia pública por la pandemia de Covid-19 el gobierno nacional también extendió otras medidas que estaban vigentes.

Despidos
Se prorrogó a partir del 1 de febrero y por el lapso de 90 días corridos (30 de abril) la prohibición de despidos de empleados y/o suspensiones sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

Doble indemnización
También a partir del 1 de febrero, pero hasta el 31 de diciembre, estará vigente el pago de la doble indemnización a los trabajadores despedidos aunque con un tope de $500 mil para el recargo.

Ahora 12 y 18
El programa Ahora 12 fue extendido hasta el 31 de marzo manteniendo los tres meses de gracia para abonar las compras financiadas en 12 y 18 cuotas, y con la posibilidad de realizar las compras todos los días de la semana.

Distanciamiento
La etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo) en toda la Argentina se extendió hasta el próximo 28 de febrero.

 

(*) Fuente: El Territorio