El sábado lejos estuvo de ser un día tranquilo en la zona este de El Soberbio, al contrario. Por orden del juez Gerardo Casco, a cargo del Juzgado de Instrucción Número 3 de San Vicente (firmada el viernes a las 11.50, caratulada “Recepción Órdenes de Desahucio”) en el amanecer mismo, cuando una densa neblina cubría la región, 40 efectivos policiales y cinco móviles, bajo la conducción del comisario de El Soberbio José Hernán Katz y el jefe de la División Comando Radioeléctrico, Carlos Roberto Machado se hicieron presentes en el corazón de la Colonia Pepirí, ubicada a unos 50 kilómetros del casco urbano, para desalojar a tres familias, destruyendo por completo sus viviendas de madera.

Previamente, unos 10 kilómetros antes, decidieron cortar la Ruta Costera 2, permitiendo pasar solamente a “turistas”. Los primeros en hacerse presentes fueron los concejales del Partido Agrario y Social, Nelson “Maneco” Brettin y Juan Antonio “Turú” González, quienes, luego de dialogar con las autoridades, acordaron que no se le permita el paso a nadie, salvo por unos minutos, alrededor del mediodía para que puedan pasar los vehículos y motos. Luego arribaron los demás ediles, el intendente Roque Soboczinski, el vice Ricardo Leiva y parte de su grupo de colaboradores más cercanos, y antes de las 12, el diputado del PAyS, Martín Sereno, quien ya había participado activamente en la reunión del martes.

También se hizo presente junto al juez Gerardo Casco, la directora de la Unidad Regional VIII, Martha Cervantes.

Lo curioso y hasta contradictorio, si se quiere, del caso, es que esta orden de desalojo se produce tres días después de que se reunieran (el martes 11 pasado) los moradores de la zona con autoridades gubernamentales locales, de la provincia y también de la nación, con los cuales se había establecido una Mesa de Diálogo en la cual se habían planteado inquietudes y se habían acercado las partes.

Otro detalle insólito del caso es que el juez Casco aprobó una orden de desalojo cuando se había constituido la citada Mesa de Diálogo, que, aparentemente, él decía desconocer: increíble e inaceptable para un magistrado... ¿Qué le costaba esperar un tiempo prudencial o solicitar una especie de mediación?

Lo destacable fue que, gracias a la oportuna intervención de los funcionarios políticos, se logró que la madera de las casas, que ya estaba cargada en camiones, se volviera a descargar y se dejara allí mismo, para que luego puedan reconstruirse en el predio cercano de 6000 hectáreas

 

LOS DESALOJADOS

Lógicamente que, si bien los desaojados fueron solamente tres, se aglutinó en el lugar del incidente un grupo numeroso de moradores de esas tierras, vecinos, curiosos, todos custodiados por parte de los 40 efectivos policiales.

En el informe de la Unidad Regional VIII se destaca también que “acompañaron el operativo personal femenino, médico policial y psicológico y un grupo de apoyo de la División Infantería de la Unidad Regional VIII, que se encargó del transporte del personal”.

Lo cierto es que apenas unos minutos después del amanecer, una veintena de efectivos policiales irrumpieron en forma intempestiva en las viviendas de Eleuterio Leandro Olivera y su pareja Thalía Ramírez, quienes vivían allí con sus hijos en el Lote 8 de la Sección 4, y además de sacar todas sus pertenencias, literalmente desarmaron las casas, contando para ello con las herramientas necesarias.

También fue destruida allí la vivienda de los hermanos Juan Carlos Días, Maicon Días y Leandro Días, ubicada en la propiedad de la firma Juan Aberto SA “Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y Financiera”.

La tercera familia desalojada fue la integrada por Ricardo Assman y Silvana Cardozo, ubicada en el Lote 8, Departamento 9, Sección 04, Parcela 79, propiedad de le empresa Moconá SA y a la vez que el juez Casco en su fallo ordenó “el reintegro de dichos inmuebles a Oscar Alejandro Pérez, apoderado de la citada firma”.

En el informe policial se detalla además que “quedaron exceptuadas del desahucio” ocho familias, quienes habrían llegado a un principio de acuerdo con las empresas propietarios, respecto a la tenencia de las tierras que ocupan dentro del Lote 8).

 

¿CÓMO SIGUE LA HISTORIA?

Según explicaron a www.elsoberbioaldia.net algunos integrantes de la Mesa de Diálogo, “nos volveremos a reunir el próximo martes en el lugar donde están las tierras, allí se intentará llegar a un acuerdo con la empresa Laharrague donde se van a marcar los puntos GPS de las 600 hectáreas, que se está tramitando y ya hay una especie de acuerdo, aunque a los antiguos dueños les correspondería mucho más. Esperemos también la colaboración de la empresa, porque se había creado una Mesa de Negociación, integrada por los diferentes sectores, pero increíblemente el Juez Casco afirmó desconocer, porque de lo contrario (según admitió) no habría firmado el viernes el desalojo…”.

Más allá de que las negociaciones están encaminadas y hasta avanzadas, lo que vivieron estas familias, con varios niños pequeños de por medio, fue horrible, triste y lamentable, con escenas de gritos, discusiones y llantos, algo que no se le puede desear a nadie, más allá de quién tenga o no la razón.

Esperemos que, de aquí en más, reine la cordura y el equilibrio entre las partes, que tanto los herederos de los antiguos moradores de Colonia Pepirí, como los integrante de la familia Laharrague, junto a sus representantes de varias firmas, también cedan terreno y se pueda llegar a feliz término.