"Al ser una detención por una causa menor, sin sentencia, debería obtener la libertad automáticamente”, consideraron desde su núcleo asesor. El expolicía actualmente detenido, alcanzó el tercer lugar en la provincia, promediando cerca del 20% de los votos.

El resultado electoral en Misiones generó sorpresa: Ramón Amarilla, candidato del Frente por la Vida y los Valores, actualmente detenido junto a otros 7 ex policías acusados de supuesta sedición, alcanzó el tercer lugar en la provincia, promediando cerca del 20% de los votos. El hecho plantea interrogantes jurídicos y políticos sobre su futuro inmediato y el de la representación legislativa misionera.

Amarilla realizó su campaña desde el penal. Logró superar a estructuras políticas como la UCR y el PRO. En ciudades como Posadas su partido incluso se alzó con el primer lugar en la categoría de diputado provincial. 

Lucas Vega, abogado y referente político, analizó el hecho en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. Explicó que el equipo jurídico está preparando la presentación de un pedido de excarcelación: “Al ser diputado electo, Ramón Amarilla adquiere los fueros parlamentarios. Por lo cual, en las próximas horas vamos a solicitar que se le permita estar en libertad, de modo tal que ya el 10 de diciembre pueda asumir la banca”.

Según Vega, la ley de fueros debería aplicarse de inmediato, sin esperar a la asunción formal: “Nuestra lectura es que ya le corresponden los fueros parlamentarios. Al ser una detención por una causa menor, sin sentencia, debería obtener la libertad automáticamente”.

El escenario judicial tiene dos caminos posibles. Por un lado, que el juzgado acepte la presentación y Amarilla recupere la libertad en las próximas horas. Por otro, que se dilate la decisión hasta la fecha de asunción, el 10 de diciembre. “Ya hubo intentos de no dejarlo competir y tachaduras masivas de votos. Ahora estamos ante una tercera batalla jurídica”, señala Vega.

El caso no tiene antecedentes en el país: “No conocemos situaciones similares, una persona privada de su libertad que haga campaña desde un penal y sea electa Estamos dejando jurisprudencia ante una situación novedosa para la provincia y el país”, señala el abogado.