Una investigación judicial iniciada en los Estados Unidos puso bajo la lupa el manejo de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dejó al descubierto un presunto esquema de recaudación y administración paralela que habría concentrado cerca de USD 300 millones fuera del control institucional.

El avance del expediente, que ya encendió alertas en el sistema financiero norteamericano, podría derivar en la intervención directa del Departamento del Tesoro y sumar un nuevo frente judicial para el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

La causa no nació en tribunales argentinos ni a partir de una auditoría interna. Tampoco surgió de una disputa dirigencial local. Su origen está en tribunales federales estadounidenses, donde tres jueces autorizaron medidas de discovery que habilitaron el acceso a información bancaria sensible vinculada a contratos comerciales del fútbol argentino. Esa decisión permitió reconstruir el recorrido de fondos que circularon por Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, entidades que debieron abrir sus registros ante requerimientos judiciales.

El detonante fue una presentación realizada por el empresario Guillermo Tofoni, titular de WorldEleven, quien denunció el desconocimiento de un contrato comercial vigente y la posible sustracción de ingresos generados por partidos amistosos, sponsorizaciones y acuerdos de marketing de la Selección Argentina. A partir de esa denuncia, la Justicia estadounidense consideró que existían elementos suficientes para habilitar la investigación, algo que en ese país implica obligaciones estrictas para los bancos involucrados: identificación de titulares, beneficiarios finales, conceptos de pago y transferencias a terceros.

El resultado excedió una simple controversia contractual. La documentación analizada por medios argentinos y confirmada por Infobae revela una estructura financiera compleja,