Luego del violento desalojo sufrido el sábado 15 de agosto por tres familias de Colonia Pepirí, por orden del juez Gerardo Casco, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 3 de San Vicente, las mismas quedaron a la intemperie y tuvieron que refugiarse en la casa de vecinos o familiarees. Por tal motivo desde el lunes al mediodía, una decena de moradores de la zona, en solidaridad con las víctimas, decidieron realizar un “acampe pacífico” a modo de protesta en la Plaza General Belgrano de El Soberbio (el tradicional Espacio Verde) solicitando un respuesta a su problema habitacional.

Junto a ellos se pudo ver a algunos referentes locales del PAyS como el concejal Juan Antonio “Turú” González, Walter Kesterke y Lucho Silva.

Los manifestantes elevaron el lunes una nota al Poder Ejecutivo Municipal, solicitando la intervención de la Provincia en el conflicto por las tierras que mantienen desde hace más de dos décadas con las familias Laharrague y Harriot, precisamente ésta última fue la que solicitó, por vía judicial, el desahucio (que incluyó la total destrucción de viviendas) de las tres familias, con la presencia de alrededor de 40 efectivos policiales, 11 días atrás, en un incidente que incluyó el corte de la Ruta Costera 2 y la prohibición de circular por la mencionada arteria.

Por tal motivo, y ante la solicitud de la comuna, se hicieron presentes durante la jornada del martes y se reunieron con las autoridades locales, dos integrantes letrados de la Subsecretaría de Tierras que preside Sonia Melo y dos diputados provinciales oficialistas, que se sumaron al reclamo del legislados del Partido Agrario, Martín Sereno, quien estuvo el día de la intempestiva expulsión de las tres familias.

Posteriormente los funcionarios provinciales se dirigieron a la zona de conflicto para interiorizarse de la problemática y charlaron con algunos vecinos, históricos moradores de la zona este de El Soberbio, que milita con el arroyo Pepirí (el otro margen pertenece a San Pedro) y llevaron un detallado y minucioso informe al Ejecutivo provincial.

 

LA SOLUCIÓN MÁS FACTIBLE

Sandro Martínez, vocero de las familias acampadas en el Espacio Verde explicó a www.elsoberbioaldia que “no nos moveremos de aquí hasta que tengamos una respuesta concreta t oficial. Incluso desde este miércoles a las 18 cortaremos el tránsito enfrente al Mástil para que nos escuchen y nos den una respuesta a nuestra solicitud”.

Concretamente, explicó que “lo que pretendemos es que no solamente se les restituyan las viviendas a las familias que fueron violentamente desalojadas, sino que pedimos que nos concedan una 280 hectáreas lindantes a la zona donde vivimos para que podamos cultivar la tierra”.

Cabe aclarar que esas acres que piden nada tienen que ver con las supuestas 600 hectáreas que estaban acordadas “de palabra” en la Mesa de Diálogo, que integran sectores del Gobierno, los antiguos moradores y representantes de las familias Harriet y Laharrague, quienes supuestamente compraron miles de hectáreas allí donde en el año 1993 fue declarada la Biósfera del Yaboty.

El dilema está en determinar si todos los ocupantes ya vivían antes allí, si son legítimos herederos de los pobladores originarios o si se pueden aferrar a la tan mentada “posesión veinteañal”. O, por otro lado, si entre ellos hay algunos que se introdujeron después, en carácter de intrusos. Según se supo, en total, serían unas 30 familias las que solicitan (y consideran que les corresponde) alrededor de 60 hectáreas para cultivar la tierra.

Seguramente la solución, tarde o temprano, surgirá desde la Mesa de Diálogo, pero principalmente a los términos que puedan acordar las autoridades provinciales con los herederos de las familias Harriet y Laharrague, cuyo referente más visible es Nicolás, quien fuera funcionario nacional durante el pasado gobierno de Mauricio Macri.

 

UN PROBLEMA NACIONAL

Según se supo durante las últimas horas, el mismo inconveniente que existe en Colonia Pepirí, ocurre en otras localidades misioneras como Posadas, Candelaria, Garupá, Puerto Iguazú y Libertad, entre otras, donde decenas de familias se introdujeron de manera ilegal en terrenos ajenos.

Es más, en todo el país rige, al menos hasta el 30 de septiembre venidero, el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández, por el cual se impiden los desalojos, “tanto de viviendas como de locales comerciales únicos”.

El gran problema podría plantearse si el primer mandatario no llegase a prorrogar ese DNU y cientos de miles de familias (sino millones) tendrían que dejar sus casas, porque la mayoría de ellas estaría adeudando varios meses de alquiler como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio que a mucha gente les ha costado el puesto laboral o se les ha impedido trabajar, según el rubro que les corresponda.

Incluso ya lo advirtió hace un mes atrás el líder activista y social (aliado al oficialismo) Juan Grabois, que “el gran problema que se producirá en el país luego de la cuarentena es la intrusión de tierras, de casas y de terrenos, porque miles de personas quedarán en la calle”.

Como se puede ver, la problemática de tierras y de supuesta intrusión no afecta solamente a Misiones. Es un fenómeno nacional que probablemente se agrave después de la pandemia y que incluso puede llegar a generar un caos y una anarquía generalizada, como lo advirtiera (seguramente de manera exagerada) el lunes por la noche el ex presidente Eduardo Duhalde en el programa “Animales Sueltos” de América TV.

Muchos lo tildaron de “Loco” y hasta de “Dictador” cuando auguró que “en 2021 no habrá elecciones”, justamente a un hombre que sacó a la Argentina de una de las crisis económicas más profundas de la historia que padeció el país allá por inicios de 2002 y que luego motivara el renacimiento del país con la presidencia de Néstor Kirchner.