Los empresarios más importantes del país rechazaron la intervención presidencial en Vicentín
“La Asociación Empresaria Argentina (AEA) rechaza la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin S.A.I.C.”. Ese es el título de comunicado con el que los empresarios más importantes del país, dueños de las mayores compañías locales, expresaron su posición sobre la intervención del Gobierno en la empresa agroexportadora y su intención de expropiarla.
Los hombres de negocios definieron el accionar oficial como un “grave error”.
“Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para que se lleven a cabo las inversiones productivas que imperiosamente requiere nuestro país”, aseguró AEA.
“La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, detalló la Asociación Empresaria Argentina.
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Otra foto del almuerzo de diciembre.
Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) también adivirtió su posición adversa a la decisión del Poder Ejecutivo conocida hoy con posterioridad a la reunión de su Junta Directiva.
En un comunicado difundido luego de ese encuentro, la UIA afirmó: “Con relación al anuncio de la intervención transitoria y el ulterior tratamiento de la ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para la declaración de utilidad pública y expropiación de la empresa, la Junta Directiva manifestó la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad”.
“Esto es una condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión. Ambas serán fundamentales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y el empleo”, concluyó la UIA.
Otra entidad empresarial que manifestó su rechazo a la intervención de Vicentin fue la Bolsa de Comercio de Córdoba, a través de una comunicación en la que advierte que “no convalida la iniciativa de expropiar o estatizar” y juzga la decisión del Gobierno como “un nuevo acto de avasallamiento a las instituciones de la República”. Los problemas de la empresa, explicó el comunicado, “no son sustento suficiente para justificar la intervención de la propiedad privada, ni el menoscabo a la división de poderes que sentencia nuestra constitución nacional”.
Destacó que a pesar de que la empresa pidió su concurso preventivo para evitar la quiebra, “el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la sociedad, antes incluso de dejar que el deudor, ejerza su derecho en el periodo de exclusividad de hacer propuestas y obtener las mayorías necesarias para lograr el ansiado y merecido acuerdo con sus acreedores”.
La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina destacó, en un comunicado, la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad.
“Creemos en la subsidiaridad del estado, el mismo solo debe estar, donde el sector privado no lo hace. El gran desafío que requiere el momento actual, una vez superada la cuarentena sanitaria, será estimular el desarrollo de las empresas privadas con menor presión fiscal, y menor dimensión del tamaño del estado en su conjunto. Esta decisión va a contramano de ello, representando, por el contrario, un contrapeso negativo para el presupuesto público”, concluyó la Bolsa de Comercio de Córdoba.
En el mismo sentido, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señaló que “ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU”, así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley que se enviará al Congreso.
“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, advirtió la entidad ruralista.
En un comunicado de prensa, la CRA aseguró que, contrariamente a lo anunciado, el Estado “a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”.
Por ultimo, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifiestó “su desacuerdo” con la iniciativa oficial ya que "solo tiende a dividir a la sociedad, pasando por alto todos los mecanismos legales e institucionales que existen en nuestro país para administrar situaciones como la que afronta la empresa en cuestión.”
“Consideramos que el accionar del Gobierno para con Vicentín no solo no garantiza los puestos de trabajo a futuro sino que produce un quiebre en la división de poderes garantizada por nuestra Constitución, que en el largo plazo solo contribuirá a que hayan menos inversiones y menos empleos en el sector privado”, señaló ACDE.
(*) Infobae
El Estado nacional interviene el Grupo Vicentín y buscará la expropiación
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El presidente Alberto Fernández anunció hoy la intervención de la agroexportadora Vicentin como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación. El objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.
“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.
El Presidente destacó que el objetivo es “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales”.
“Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”, expresó, y consideró que la medida es “estratégica” y que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.
Por su parte, Kulfas también destacó la importancia de “tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.
El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.
Dispusimos la intervención del Grupo Vicentin y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo.
Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía.
11,8 mil personas están hablando de esto
El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado, «un experto en temas agropecuarios» según lo calificó el mandatario, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.
Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal. Y se pondrá a disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa.
Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.
La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.